Arq. Maria Jose Leveratto*
En la Ciudad de Buenos Aires, el sector gubernamental cuenta con una importante herramienta para liderar cambios tendientes a reducir el consumo energético en edificios y promover mejores prácticas ambientales ya que es dueño y/o administrador un importante stock edilicio y es además comprador regular de gran cantidad de materiales y servicios. Esto le permite definir criterios de selección y gestión que favorezcan el desarrollo sustentable, garantizando de esa manera mercados para iniciativas innovadoras y de producción limpia.
Concentrándose solamente en la cuestión energética, el campo de acción es muy vasto. Hay que considerar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una infraestructura de 709 escuelas, 29 grandes hospitales, tres complejos teatrales, 11 museos, bibliotecas, centros culturales etc., Además de 102 edificios de oficinas que destina a diferentes actividades de tipo administrativo. Dada la cantidad de edificios sobre los que tiene ingerencia y aun sin incluir el alumbrado publico y semáforos, es evidente que cualquier acción de ahorro que este organismo realice, tendrá impacto y gran visibilidad.
Como primer medida, es posible realizar mejoras tendientes a disminuir consumos innecesarios, si tenemos en cuenta que el derroche de energía es una característica habitual en edificios públicos. Mala administración, falta de interés y de controles comprometidos y responsables generan un mal uso fácilmente evitable. Es común encontrar iluminación exterior prendida durante días soleados, sistemas de calefacción excesivos compensados con ventanas abiertas en invierno, etc. Estudios realizados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (DAE) de España demuestran que solamente a partir de tareas de concientizacion y educación pueden lograrse reducciones de hasta un 20% el consumo eléctrico en un edificio público. Para poder realizar cambios se requiere no solamente decisión política y recursos sino también conocimiento de la administración publica, por ejemplo:
- El stock edilicio es antiguo, recibe escaso mantenimiento y no fue diseñado incluyendo medidas tendientes al bajo consumo energético como buena iluminación, ventilación natural o aislación térmica adecuada. Muchos de los sistemas de acondicionamiento son precarios, y obsoletos. Las distintas reformas y mejoras responden en general, a urgencias y no a propuestas planificadas y de largo plazo.
- El pago de las facturas eléctricas se realiza de manera centralizada, descontándose el monto correspondiente del presupuesto de cada organismo. Los directores o administradores no reciben información sobre sus consumos. Tampoco se ocupan de gestiones ante las empresas proveedoras del servicio. Además, si la energía consumida en un edificio es menor de la planeada, los montos ahorrados no pueden ser utilizados con otro destino por la dependencia que no utilizó los fondos. Al no recibirse ningún tipo de compensación o beneficio, se promueve el derroche y el desinterés en todos los niveles.
- Trabajar en el sector estatal puede ser una tarea muy poco motivadora. No hay estímulos especiales, ni compensación al rendimiento o eficacia tampoco incentivos para la capacitación o promoción del personal. En este contexto resulta complicado modificar hábitos incorporados, particularmente cuando los nuevos requieren niveles de esfuerzo mayor.
- Burocracia. Los cambios en el sector público son lentos. La obtención de resultados positivos y perdurables lleva tiempo y requiere paciencia y compromiso a largo plazo. En este sentido es importante encontrar socios, tanto dentro de la administración, como en otros sectores sociales que promuevan y faciliten la concreción de los objetivos propuestos. También es importante definir metas posibles, que permitan etapas y ajustes sobre la marcha.
Si bien las cuestiones ambientales y de ahorro de energía no figuran en la agenda principal de nuestros gobiernos, es necesario reconocer también, que no existe una particular presión social ni de los medios de comunicación que promueva políticas ambientales sustentables. Los votantes no lo ven aun como una prioridad. En este contexto propuestas para el uso de energía solar térmica para calentamiento, o de mejora de la calidad de la envolvente de edificios, todos conceptos muy desarrollados en otras ciudades de mundo, tienen poca aceptación y escasos niveles de discusión, fuera de los ámbitos especializados locales. Buenos Aires es la mayor ciudad de la Argentina, famosa por su cultura y creatividad pero notoriamente poco avanzada en la implementación de políticas ambientales sustentables. Los Gobiernos locales son los encargados de llevar adelante los cambios necesarios, empezando por sus propios edificios y modelos de gestión, no solo por ser grandes generadores de consumos de distinto tipo, sino principalmente porque una de sus misiones es educar y ejemplificar.
* A cargo del Programa Ambiental del Centro Cultural Recoleta,
Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires, el sector gubernamental cuenta con una importante herramienta para liderar cambios tendientes a reducir el consumo energético en edificios y promover mejores prácticas ambientales ya que es dueño y/o administrador un importante stock edilicio y es además comprador regular de gran cantidad de materiales y servicios. Esto le permite definir criterios de selección y gestión que favorezcan el desarrollo sustentable, garantizando de esa manera mercados para iniciativas innovadoras y de producción limpia.
Concentrándose solamente en la cuestión energética, el campo de acción es muy vasto. Hay que considerar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una infraestructura de 709 escuelas, 29 grandes hospitales, tres complejos teatrales, 11 museos, bibliotecas, centros culturales etc., Además de 102 edificios de oficinas que destina a diferentes actividades de tipo administrativo. Dada la cantidad de edificios sobre los que tiene ingerencia y aun sin incluir el alumbrado publico y semáforos, es evidente que cualquier acción de ahorro que este organismo realice, tendrá impacto y gran visibilidad.
Como primer medida, es posible realizar mejoras tendientes a disminuir consumos innecesarios, si tenemos en cuenta que el derroche de energía es una característica habitual en edificios públicos. Mala administración, falta de interés y de controles comprometidos y responsables generan un mal uso fácilmente evitable. Es común encontrar iluminación exterior prendida durante días soleados, sistemas de calefacción excesivos compensados con ventanas abiertas en invierno, etc. Estudios realizados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (DAE) de España demuestran que solamente a partir de tareas de concientizacion y educación pueden lograrse reducciones de hasta un 20% el consumo eléctrico en un edificio público. Para poder realizar cambios se requiere no solamente decisión política y recursos sino también conocimiento de la administración publica, por ejemplo:
- El stock edilicio es antiguo, recibe escaso mantenimiento y no fue diseñado incluyendo medidas tendientes al bajo consumo energético como buena iluminación, ventilación natural o aislación térmica adecuada. Muchos de los sistemas de acondicionamiento son precarios, y obsoletos. Las distintas reformas y mejoras responden en general, a urgencias y no a propuestas planificadas y de largo plazo.
- El pago de las facturas eléctricas se realiza de manera centralizada, descontándose el monto correspondiente del presupuesto de cada organismo. Los directores o administradores no reciben información sobre sus consumos. Tampoco se ocupan de gestiones ante las empresas proveedoras del servicio. Además, si la energía consumida en un edificio es menor de la planeada, los montos ahorrados no pueden ser utilizados con otro destino por la dependencia que no utilizó los fondos. Al no recibirse ningún tipo de compensación o beneficio, se promueve el derroche y el desinterés en todos los niveles.
- Trabajar en el sector estatal puede ser una tarea muy poco motivadora. No hay estímulos especiales, ni compensación al rendimiento o eficacia tampoco incentivos para la capacitación o promoción del personal. En este contexto resulta complicado modificar hábitos incorporados, particularmente cuando los nuevos requieren niveles de esfuerzo mayor.
- Burocracia. Los cambios en el sector público son lentos. La obtención de resultados positivos y perdurables lleva tiempo y requiere paciencia y compromiso a largo plazo. En este sentido es importante encontrar socios, tanto dentro de la administración, como en otros sectores sociales que promuevan y faciliten la concreción de los objetivos propuestos. También es importante definir metas posibles, que permitan etapas y ajustes sobre la marcha.
Si bien las cuestiones ambientales y de ahorro de energía no figuran en la agenda principal de nuestros gobiernos, es necesario reconocer también, que no existe una particular presión social ni de los medios de comunicación que promueva políticas ambientales sustentables. Los votantes no lo ven aun como una prioridad. En este contexto propuestas para el uso de energía solar térmica para calentamiento, o de mejora de la calidad de la envolvente de edificios, todos conceptos muy desarrollados en otras ciudades de mundo, tienen poca aceptación y escasos niveles de discusión, fuera de los ámbitos especializados locales. Buenos Aires es la mayor ciudad de la Argentina, famosa por su cultura y creatividad pero notoriamente poco avanzada en la implementación de políticas ambientales sustentables. Los Gobiernos locales son los encargados de llevar adelante los cambios necesarios, empezando por sus propios edificios y modelos de gestión, no solo por ser grandes generadores de consumos de distinto tipo, sino principalmente porque una de sus misiones es educar y ejemplificar.
* A cargo del Programa Ambiental del Centro Cultural Recoleta,
Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
